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Van por «cabezas» de empresas factureras y evasión fiscal

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El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que la reforma en el rubro será indispensable para combatir estos delitos fiscales.

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que este gobierno irá por las «cabezas» de la evasión tributaria en México, cuyo “saqueo” asciende a 2.5% del PIB, es decir “casi tres veces el Aeropuerto de Ciudad de México”, 10 años de operaciones de la Guardia Nacional y 50 años de servicio de la Secretaría de Economía.

En entrevista con MILENIO, el funcionario dijo que se trata de delincuentes organizados que ahora hasta pagan mensajes contra la reforma fiscal para seguir operando a través de empresas factureras, por las que el erario deja de percibir 750 mil millones de pesos, de acuerdo con los últimos datos de la Unidad de Política Fiscal de Hacienda.

Luego de participar en la conferencia Verdades y mentiras de la reforma fiscal, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el procurador sostuvo que la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 resulta indispensable, porque en este momento “las herramientas que tenemos para combatir la evasión son limitadas».

Aseguró que la nueva norma permitirá realizar investigaciones con el uso de inteligencia, así como de infiltrados, mediante “escuchas” (intervenciones telefónicas con orden judicial) y la aplicación de criterios de oportunidades, «para poder realmente desactivar estas redes criminales”.

El funcionario reconoció que se ha emprendido una campaña contra la reforma, porque «estamos tocando muchas fibras sensibles…sí hay grupos que se están viendo afectados y por eso hay resistencias».

Señaló que los delincuentes organizados que se dedican a evadir y defraudar al fisco lograron infiltrar a las instituciones, por lo que el gobierno implementará una estrategia para contraatacarlos.

La misión: cambiar la cultura tributaria y combatir al crimen

Durante su ponencia en el INACIPE destacó que se trata de “cambiar la cultura tributaria, si ya se está gastando responsablemente el dinero, el Presidente está cuidando cada peso que gasta el gobierno federal, si ya los ciudadanos que trabajan en el gobierno ya no ganan lo que ganaban antes, ya no hay gastos superfluos y se está llenado realmente al desarrollo, pues vamos a contribuir todos bien”.

Dejó en claro el nivel del daño: “analizamos cuál es el problema que nos aqueja y fueron las empresas factureras. El monto evadido por esquemas de facturación ilegal es 2.5 por ciento del PIB, es decir 750 mil millones de pesos, es decir casi tres veces el Aeropuerto de la Ciudad de México, 10 años de la Guardia Nacional o pues es cerca de 50 años de la Secretaría de Economía, es decir son cantidades absolutamente inmensas lo que se deja de percibir por éstas empresas factureras”

Las factureras están “constituidas por personas de escasos recursos, resulta que es una covacha lo que tienen como domicilio fiscal, pero tiene una facturación inmensa con ingresos y salidas millonarias”. Por ello, con la reforma se buscó equiparar a los factureros con delincuentes organizados, “con el objeto de que podamos tener infiltrados que puedan meterse en la agrupación criminal para saber cómo mueven el dinero, quiénes son los clientes, quiénes participan en ella”.

“ También detalló “que queremos que estos criminales que son peligrosos no estén en la calle, los queremos en la cárcel, queremos prisión preventiva oficiosa, y dentro de todo esto queremos tener criterios de oportunidad, es decir, testigos protegidos que nos permitan saber quién es la cabeza”

A los detractores de la reforma les dijo que ésta “no es impositiva ni arbitraria, tampoco unilateral…tampoco vamos a criminalizar a la pobreza, vamos por las cabezas”.

 

FUENTE: Milenio

 

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